La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) aprobada el 23 de octubre del año 2000 considera que el agua no es un mero bien comercial, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. Entre sus ambiciosos y loables objetivos está el de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficiales con objeto de que estas alcancen el buen estado ecológico a más tardar en 2015. A este objeto todos los países y en nuestro caso, las comunidades autónomas, han desarrollado planes importantes de monitorización y seguimiento del estado de sus masas de agua (como por ejemplo los estuarios).
En este sentido la Dirección General de Costas está poniendo en marcha algunos proyectos de recuperación de las rías como el intento que se pretende poner en marcha en Ribadesella, donde se desea restaurar un área de marisma desecada y devolverla a la dinámica mareal. Aunque este proyecto, actualmente en proceso de información pública presente ciertas limitaciones y podría ser mejorable, nuestro descontento en este caso surge por razones más complejas y amplias:
Por un lado la DMA obliga en su artículo 14, a fomentar la participación de los agentes públicos, desde ONGs a ciudadanos particulares, mediante la publicación de los planes hidrológicos de cuenca y en su caso la documentación e informes que hayan sido utilizados en su elaboración, a fin de recabar sus observaciones y facilitar el proceso de participación pública. Mientras en Asturias estos informes no están disponibles, en las comunidades vecinas de Cantabria y País Vasco pueden descargarse desde Internet y son de dominio público, por lo que en primer lugar nos parece un despropósito el oscurantismo al que nos somete a los ciudadanos el Principado, esos mismos ciudadanos que con nuestros impuestos pagamos los sueldos de consejeros, políticos y funcionarios públicos y que por ley tenemos derechos que no deberían saltarse a la torera.
En segundo lugar queda meridianamente patente como a la vez que se intenta recuperar esta masa de agua en su tramo superior se permite y financia, con fondos europeos, las obras de dragados y ampliación del puerto deportivo en su desembocadura. Para colmo hace algunos días saltó la noticia de que el Principado había dado permisos para que se iniciaran los estudios geológicos para una posible explotación minera de caliza en el monte del Cobayu por parte de la empresa Merybal Construcciones y Contratas S.L. Estas iniciativas no solo incumplen claramente los objetivos establecidos por la DMA, sino que son totalmente contrarios a los proyectos restauradores que pretenden desarrollarse para dotar a la ría de una mayor naturalidad y un mejor estado de conservación.
Estas tremendas contradicciones nos parecen una enorme tomadura de pelo. La gestión y la conservación de los estuarios deben ser abordadas desde una perspectiva global de todo el ecosistema y no de manera fragmentaria. De poco sirve recuperar parte de la marisma si al mismo tiempo se permite la construcción de una mina de cielo abierto en las inmediaciones o las continuas tareas de dragados y ampliación del puerto en la bocana de la ría. ¿Vamos a optar por una política conservacionista en la gestión de la ría de Ribadesella o preferimos el clásico modelo de expoliación y especulación de sus recursos naturales?
No hay duda de que para un ayuntamiento como el de Ribadesella que basa gran parte de su bienestar y riqueza en el turismo disponer de un buen puerto deportivo (así como de la hipotética construcción de un nuevo puente que una las dos partes de la villa) es un elemento de gran importancia. La apertura de una mina también podría reportar una nueva fuente de riqueza a la población y más en tiempos de crisis aunque no parece ser muy favorecedora del turismo, pues a pocos turistas les gusta visitar polvorientas escombreras, ni espacios degradados.
Pero todas estas cavilaciones se resolverían con dar respuesta a la siguiente pregunta, que pese a no ser baladí nadie parece querer contestar:
¿Realmente estamos dispuestos a sacrificar nuestro patrimonio natural a toda costa con la única finalidad de obtener el mayor rendimiento económico posible? Y si es así… ¿Para qué necesitamos la puesta en marcha con dinero público de hipócritas planes de recuperación ambiental con una clara finalidad estética de cara al electorado?
El Cachucho es el nombre de una montaña submarina situada a unas 35 millas náuticas (65 km) de la localidad de Ribadesella. El también conocido como Banco Le Danois se presenta como una abrupta elevación que alcanza aproximadamente 4.500 m medidos desde la cota del talud hasta la de la cima.
Tanto su morfología como la disposición geográfica, junto a la dinámica de las aguas circundantes y una menor presión pesquera con respecto a la plataforma del Cantábrico, le otorgan al Cachucho un inmensurable valor biológico: Arrecifes de corales de aguas frías, colonias de esponjas de profundidad, comunidades de montañas submarinas… son algunos de los tesoros que se ocultan en las profundidades del Cachucho.
Sin embargo, estas 234.966 Has de área protegida parecen escasas si las comparamos con la vasta superficie de nuestros mares. En 2010 según la Directiva Marco sobre Estrategia Marina al menos un 10% de los fondos marinos deberían estar protegidos. Sin embargo, a día de hoy y mientras los Espacios Naturales Protegidos plagan la superficie terrestre de nuestro país, las Áreas Marinas Protegidas brillan por su ausencia, pese a las grandes amenazas que acechan nuestros mares.
La sobrepesca, la contaminación, el cambio climático, las mareas negras…
Pese a ello, algunos lugares de nuestros litorales y mares aún se conservan en un estado decente.
La pregunta es si ¿llegaremos a tiempo?
Seguramente muchos de vosotros habréis vuelto algo más morenitos de las recientemente concluidas vacaciones de Semana Santa, sobre todo si habéis elegido diversos sectores de la costa Española.
Pero entre tumbonas, cremas bronceadoras, sombrillas y toallas algo huele a chamusquina en cientos y cientos de kilómetros de nuestro litoral. Por desgracia a penas parecemos inmutarnos ante los frecuentes casos de corrupción política y las tramas de fraude urbanístico que parecen haberse popularizado en todo aquel lugar donde coincidan sol y playa.
La ley de Costas apuntaba con ser una dura y definitiva arma en la defensa del Dominio Público Marítimo Terrestre pero al final todo quedo en una burda pantomima política, ahora para más inri el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino ha censurado un par de minutos de un documental que se encargó en tiempos de Narbona y que versa sobre la actual situación de nuestro litoral y en el que por supuesto se alude a diversas tramas de especulación y fraude urbanístico.
Hoy por hoy es evidente que ninguna Administración ha sido capaz de salvaguardar el Dominio Público Marítimo Terrestre, tratar de censurar lo que es obvio debería de ser tan ilícito como los millones de inmuebles que se aglutinan en un terreno que nos pertenece a todos y del que se han enriquecido unos cuantos.
El vídeo, si censura, posee interesantes reflexiones que quizás todos deberíamos plantearnos más a menudo.
Hace unos días se publicaba en el Diario Público la noticia de que 6 Comunidades Autónomas aprobaban para la próxima temporada de caza normativas que permitirán cazar especies no permitidas por la Directiva Europea 79/409/CEE.
La pregunta que me surge al respecto es si realmente estas CCAA son conscientes de que están infringiendo una normativa Europea de mayor rango legal que las dictadas por ellas mismas o es que realmente les da lo mismo. Sea lo que fuera, obra u omisión, una vez más estamos ante una muestra de la ineptitud con la que hoy en día se sigue gestionando nuestro patrimonio natural, patrimonio de todos sea dicho.
Las CCAA en cuestión son Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Navarra y las tres diputaciones forales del País Vasco (Guipúzcoa, Vizcaya y Álava) que con sus respectivas órdenes, resoluciones y decretos incumplen la Ley Nacional y la Autonómica.
El trabajo al que deberían dedicarse nuestras CCAA es a la actualización de los catálogos de las especies cinegéticas en lugar de aprobar vedas que incumplen leyes Nacionales y Europeas, aunque por desgracia es muy probable que ni siquiera sepan cuando están incumpliéndolas pese a ser los principales gestores de nuestro medio natural…
